Alerta Coparmex riesgo de uso indebido de Prisión Preventiva Oficiosa, retroceso en DH
Advirtió el impacto potencial de esta reforma pues representa un retroceso en la protección de derechos humanos, pero también establece un precedente peligroso al ampliar el uso de la PPO sin el debido análisis de cada caso concreto
El sector empresarial del país expresó su preocupación ante la iniciativa de reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos que ameritan Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador como parte de su paquete de 20 leyes, y que ya fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados la semanada pasada.
En un posicionamiento, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió el impacto potencial de esta reforma pues representa un retroceso en la protección de derechos humanos.
Alertó que esta reforma no solo vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que también establece un precedente peligroso al ampliar el uso de la PPO sin el debido análisis de cada caso concreto.
Entre las modificaciones aprobadas se incluye la adición de delitos como la defraudación fiscal y la extorsión, entre otros.
Además, se incorporó una reserva presentada por el Diputado Leonel Godoy para aplicar la norma de manera literal, limitando la posibilidad de defensa y la evaluación de medidas cautelares alternativas.
El organismo empresarial consideró que incluir el delito de defraudación fiscal en el catálogo de delitos sujetos a PPO puede resultar en un uso indebido de esta figura.
Además—agrega–, la adición de la norma a literalidad limita la posibilidad de interponer mecanismos de defensa, como el Juicio de Amparo, y restringe la capacidad del ministerio público y del juez para considerar medidas cautelares alternativas.
La central patronal que encabeza, José Medina Mora recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en noviembre de 2022, ordenó al Estado mexicano eliminar la Prisión Preventiva Oficiosa al acusar violación a los derechos humanos, además de que contradice el principio de presunción de inocencia.
En este contexto, –recalcó–la ampliación del catálogo de delitos sujetos a PPO representa un retroceso en la protección de derechos humanos.
Por ello, la Coparmex refrendó su disposición a colaborar con las autoridades en la búsqueda de alternativas que respeten el debido proceso y la presunción de inocencia, principios esenciales en cualquier estado democrático.
Anunció que convocará a los expertos en derecho penal y constitucional para realizar un análisis integral de la reforma a la PPO, el cual será presentado al Senado de la República para su reflexión previa a la discusión en el Pleno.
“Coparmex se compromete a seguir analizando en profundidad el impacto de esta reforma”, indicó.