Pleno de la Corte discutirá apoyo de Fuerzas Armadas en Seguridad Pública

Pleno de la SCJN también recibió el proyecto que elaboró el ministro Fernando Franco González Salas, por la controversia que presentó la organización civil México Unido Contra la Delincuencia.

Será en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en donde se discuta y resuelva la acción de inconstitucionalidad presentada por legisladores de oposición, en contra del decreto presidencial que autoriza el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, hasta marzo de 2024.

Los cinco ministros integrantes de la Primera Sala votaron este miércoles, por unanimidad, enviar la Controversia Constitucional 90/2020 al Pleno del Máximo Tribunal.
Debido a que el 15 de diciembre del presente año inicia el periodo vacacional para la SCJN, únicamente quedan ocho sesiones al Pleno, antes de que el ministro presidente Arturo Zaldívar presente su informe de labores y concluyan las actividades de este año.

Además, el Pleno de la SCJN también recibió el proyecto que elaboró el ministro Fernando Franco González Salas, por la controversia que presentó la organización civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), en contra del decreto presidencial del 11 de mayo de 2020.

En el caso de la Primera Sala, la ministra presidenta Margarita Ríos-Farajat, fue la encargada de elaborar el proyecto en el que planteó que el decreto presidencial “no materializa una violación al principio de división de poderes”.

El decreto impugnado por legisladores de oposición y por la organización MUCD, autorizó al Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México brindar apoyo en trabajos de seguridad pública, “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, hasta marzo de 2024.

En este plazo la Guardia Nacional realizará los trabajos para capacitar a 150 mil elementos, además de que se dotará de equipos, instalaciones y estructura, para cumplir con sus funciones constitucionales.

Para la organización MUCD la orden presidencial invade las competencias de los estados y municipios, subordinando a las autoridades locales a la Guardia Nacional, además de que no hay mecanismos para asegurar que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pueda ser “extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada”.

Por su parte, para los diputados de oposición, el decreto viola la constitución, debido a que la medida planteada tenía que ser revisada y aprobada, previamente, por el Poder Legislativo.

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